Un mapa radiológico para Palomares

Concha Barrigós

Periodista

Fuente: ALFA. Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, editada por el CSN, Número 2, II trimestre 2008; pp: 16-19

Con ese mapa, el Ciemat elaborará las recomendaciones sobre la rehabilitación final de los terrenos de Palomares que presentará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al Gobierno español y al norteamericano para que se adopten las medidas que consideren oportunas a la luz de sus conclusiones.

El accidente de Palomares se produjo el 17 de enero de 1966, como consecuencia de la colisión, durante una maniobra rutinaria de repostaje en vuelo, de un avión nodriza KC-135 y un B-52 de Estados Unidos, procedente de la base de Morón (Cádiz). Las cuatro bombas termonucleares se desprendieron, cayendo tres de ellas en tierra y una en el mar. De las primeras, la bomba nº 1 se recogió intacta, al haber funcionado su paracaídas, en el lecho seco del río Almanzora. Los paracaídas de las otras dos, las bombas nº 2 y nº 3, no funcionaron, por lo que su choque violento con el suelo produjo su fragmentación y la detonación de una parte de su explosivo convencional, con la consecuente liberación y dispersión de un aerosol de plutonio, que afectó a un área aproximada de 226 ha, y de numerosos fragmentos metálicos. La bomba que cayó en el mar, la nº 4, fue localizada a unos 8 km de la costa el 15 de marzo de 1966 y recuperada intacta el 7 de abril, 80 días después del accidente, tras una búsqueda intensiva y gran despliegue tecnológico de EE UU y con las valiosas indicaciones del que se convertiría en el popular “Paco, el de la bomba”, el pescador Francisco Simó.

Tras el accidente se iniciaron las tareas de control de la zona, evaluación de daños, recogida de las bombas, determinación del grado de contaminación que habían causado los artefactos y  rehabilitación de la zona afectada. Trabajaron un total de 681 miembros del Ejército de EE UU y 165 españoles (126 de la Guardia Civil y 39 de otras instituciones) bajo el mando norteamericano.

Durante los días posteriores al accidente se retiraron de las denominadas zonas 2 y 3 (las de las bombas correspondientes) más de mil metros cúbicos de tierra, cosechas, vegetación y piedras, que se metieron en bidones de 200 litros de capacidad. En total, se llenaron 4.810 barriles que fueron enviados a EE.UU. a partir del 14 de marzo de aquel año, al almacén de residuos radiactivos de Savannah River.

Inmediatamente después de las operaciones de descontaminación, se formalizó el Programa de Vigilancia Radiológica con la Junta de Energía Nuclear (JEN), antecesora del Ciemat. Este programa, bautizado Indalo y financiado parcialmente por el DOE, con una aportación en la última década de unos 230.000 euros anuales, incluía reconocimientos médicos y análisis de bioeliminación a 150 personas al año, así como análisis de suelos, agua, aire, vegetación, productos agrícolas y ganaderos y sedimentos marinos.

En los análisis que se han realizado de forma continuada desde 1966 a los habitantes que podían haber sido afectados, el porcentaje de determinaciones positivas es de 3,3% y el de personas con dosis efectivas comprometidas es de 5,3%, con valores que no implican riesgo radiológico significativo para la población, según consta en los informes preceptivos emitidos por el Ciemat al CSN. Según el informe que hizo el CSN en 1985, cuando en Palomares había unos 1.300 habitantes declarados, la incidencia media que había de muertes por cáncer o leucemia era del 13,4%, es decir, 1,1 puntos menos que la media nacional. Desde el accidente se ha controlado a 1.057 personas, mediante 4.572 exámenes médicos y dosimetría interna por bioeliminación. Según los datos globales, la concentración media anual de plutonio en el aire en Palomares, entre 1966-2005,suponen una media anual por inhalación “significativamente menor” que el límite de dosis para público (1 mSv.a^-1) recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP. En cuanto a los alimentos se han controlado más de 3.500 muestras, con más de 5.000 análisis, con resultados que supondrían también una dosis muy inferior a ese límite.

Una zona en expansión

Hace 42 años, los habitantes del pueblo se abastecían de electricidad gracias a un generador local y se dedicaban, fundamentalmente, a la agricultura y a la pesca en los puertos de Villaricos, Garrucha y Águilas. En el tiempo transcurrido, como ha ocurrido en el resto de España, las circunstancias sociales y económicas han variado drásticamente. El entorno de Palomares forma parte del mar de plástico de Almería, bajo el que florecen, ajenas a los vaivenes de las estaciones, las frutas y hortalizas. Para aumentar la superficie del espacio dedicado a cultivos se han hecho bancadas en terrenos colindantes a los del accidente y además, el auge del turismo ha animado a las constructoras a promover allí nuevos conjuntos residenciales.

De todo ello se alertó en 1996, cuando se constató que tanto para los invernaderos como para la construcción se estaban removiendo tierras próximas a las zonas afectadas por el suceso.

El entorno que comprendía el Programa de Vigilancia Radiológica de la zona de Palomares era, inicialmente, el de las 226 ha incluidas en la denominada Línea Cero Inicial de Contaminación; de ellas, cerca de 200 correspondientes a la zona de la sierra. Ese área era objeto, desde 1986, de preceptivos informes semestrales al CSN, organismo al que compete la seguridad radiológica de la población.

En su segundo informe del año 1996, el Ciemat advertía de que había indicios de contaminación significativa por plutonio y americio en la zona 2 y en la zona 3, aunque allí de menor entidad. Además, en agosto de 1998, en un trabajo conjunto del DOE y del Ciemat, se informaba de que al norte de Villaricos, a poco más de un kilómetro del límite este de la zona 3, había un área con tasas de actividad significativas, situada en la Sierra de Almagrera, que pasó a denominarse zona 6.

 Mapa de las zonas con trazas de contaminación que se están cartografiando.

En julio de 2000, el Ciemat comunicó al CSN que el inventario de plutonio en la zona 2, hasta una profundidad de 45 centímetros, era de 2,58 TBq. El CSN recomendó la expropiación de los terrenos afectados y el Estado determinó que la única vía para estudiar a fondo la situación y poder resolver el problema de forma definitiva era esa. Lamentablemente, esos procesos son lentos, por distintos condicionantes y requerimientos, y hasta 2003 no se publicó la Ley de medidas fiscales,administrativas y de orden social, en cuyo artículo 130 se autoriza la expropiación de los terrenos y los declara de utilidad pública.

En diciembre de 2004 se aprobó, con el beneplácito del CSN, el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica en Palomares (PIEM-VR), junto a la propuesta de expropiación forzosa de los terrenos previsiblemente afectados, unas diez hectáreas, y la solicitud de restringir el uso de cualquier lugar con indicios de contaminación. Este plan de investigación tenía una duración prevista de 3 años, y ya contemplaba la elaboración de un mapa radiológico tridimensional.

En septiembre de 2006, el Gobierno español y el DOE suscribieron un nuevo anexo al acuerdo de cooperación vigente para limpiar de radiactividad la zona.

Trabajos radiológicos

Entre noviembre de 2006 y febrero de 2007 se emprendieron los primeros trabajos del estudio que permitiría la elaboración del mapa. Se trataba de caracterizar radiológicamente la superficie de todo el terreno de Palomares y poblaciones aledañas de forma extensiva. Para ello se recorrieron a pie 430 kilómetros lineales, sobre una superficie de 660 hectáreas (incluidas las 230 de la línea cero de contaminación inicial), divididas en cuadrículas de 25 x 25 metros.

Como resultado se obtuvieron más de 63.000 registros de la concentración de actividad de americio en los primeros 15 centímetros de suelo. Ese examen extensivo en superficie reveló trazas de contaminación en unas 20 hectáreas en las proximidades de las zonas 2 y 3 así como en una franja de unas 20 hectáreas en Sierra Almagrera, un lugar distante de los impactos de las bombas pero que debido a su elevación y a la acción del viento podría haber sido el parapeto que estancara la dispersión de los aerosoles.

Además, en la zona 2 están pendientes de analizar dos puntos en los que, presumiblemente, fueron enterrados vegetales contaminados y herramientas utilizadas en los primeros trabajos que se hicieron en 1966. A la vista de esos resultados, el Gobierno, con informe favorable del CSN, amplió en septiembre del año pasado el alcance del plan de investigación a 30 hectáreas adicionales a las 10 expropiadas inicialmente, aunque en esta ocasión la fórmula empleada ha sido la de la ocupación temporal.

De mayo a diciembre de 2007 se desarrolló la segunda caracterización radiológica. Ahora se trataba de examinar en detalle el suelo contaminado de las zonas 2, 3 y 6.Para ello se  recorrieron a pie más de 500 kilómetros lineales en una superficie aproximada de unas 40 hectáreas en esas zonas. En los terrenos donde fue posible, las medidas se efectuaron en mallas de 1x1 metros, y en los del área montañosa con pendientes abruptas se efectuaron recorridos lo más próximos posibles.

Como resultado de estas medidas se obtuvieron más de 255.000 registros de la concentración de  americio en los primeros 15 cm. de suelo. En 581 puntos de las zonas 2, 3 y 6 se efectuaron, además, medidas estáticas de tasa de dosis y se recogieron 1.698 muestras inalteradas de suelo, a profundidades de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros y de 10 a 15 centímetros, cuyos resultados están aún en fase de tratamiento y estudio.

A esas observaciones se suman otras en espacios concretos de las zonas 2 y 3, donde se utilizó un detector de metales para localizar posibles restos del accidente de 1966.También se inspeccionó el subsuelo de parcelas precisas de las zonas 2 y 3 con un equipo de georadar de 400 y 900 MHz, es decir, con unas antenas que permiten caracterizar los terrenos hasta profundidades de 10 metros.

A todos esos trabajos se suman los realizados entre marzo y mayo de este año, llevándose a cabo 308 sondeos, 278 de ellos a una profundidad de entre 2 y 5 metros, y 30 entre 0,5 y 1 metro. Esos sondeos proporcionarán los elementos necesarios para evaluar cuál es la contaminación radiactiva residual.

En total han sido 312 sondeos en profundidad, porque a los anteriores se añaden los que se han hecho para un estudio hidrogeológico del entorno de Palomares: 4 sondeos a 50-60 metros y el análisis químico de muestras de suelo obtenidas de los testigos.

El Ciemat ha implicado en todo este proceso a un equipo de más de cien personas, ha adquirido y adaptado equipos y ha dotado y ha renovado sus instalaciones de Palomares. Además, se ha encargado del vallado, de la dotación de servicios básicos de luz y agua en las zonas 2 y 3 y ha instalado una torre meteorológica.

42 años de trabajo conjunto

El año del accidente, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo de colaboración, el Otero-Hall, que abarcaba el Plan de Vigilancia Radiológica del entorno de Palomares y el desarrollo de investigaciones en el campo de la protección radiológica, conocido como “Proyecto Indalo”.

En 1997 se firmó un nuevo Acuerdo de Cooperación entre el DOE estadounidense y el Ministerio de Industria y Energía que especificaba en su anexo I el compromiso de cooperar en la investigación sobre evaluaciones del medio ambiente radiológico y la salud en Palomares.

A los ocho años, en septiembre de 2005, el secretario adjunto de Ambiente, Seguridad y Salud del DOE, el secretario de Estado de Universidades e Investigación y el director del Ciemat añadieron un anexo II para resolver definitivamente la situación radiológica de la zona. Fue en ese momento cuando se decidió cooperar para hacer lo que había aprobado el Ejecutivo español: el mapa radiológico tridimensional y un control final de las zonas afectadas en, y cerca de, las zonas del impacto de Palomares, es decir, en la 2 y la 3.

Justo dos años después, el secretario de Estado de Universidades e Investigación del ministerio de Educación y Ciencia y el director de la Oficina de Salud, Seguridad y Protección del DOE firmaron un tercer anexo al acuerdo de cooperación, con vigencia hasta septiembre de 2009. En él se recoge su compromiso de continuar con los trabajos de vigilancia radiológica del público y el medio ambiente y la caracterización radiológica tridimensional de los terrenos afectados de las ya  consabidas zonas 2, 3 y, además, de la 6. Ese anexo establece además los términos de co-financiación: el DOE pagaría al Ciemat 2 millones de dólares en 2007 y 2008 por equipamiento y asistencia técnica.

A finales de julio del presente año está prevista una reunión de carácter técnico DOE-Ciemat para revisar el progreso de los trabajos y discutir los resultados hasta ahora obtenidos.

Todo parece indicar que la situación radiológica de Palomares estará pronto lo bastante clara como para iniciar el proceso definitivo de su limpieza, casi medio siglo después del bombardeo.