Ecologistas en Acción considera que utilizar una enmienda a la Ley de Navegación para evitar la ejecución de la Ley de Costas es una muestra de la cobardía del Gobierno de Zapatero ante la presión de los propietarios de viviendas situadas en el dominio público marítimo terrestre. El mecanismo por el que se ha modificado la efectividad de la ley de Costas (modificación de la Ley de Navegación sin pasar por el Consejo de Estado ni Pleno de Congreso) es un claro indicio de la falta de transparencia en la actual gestión medioambiental. La nueva Ley de Navegación Marítima deja en entredicho la Ley de Costas (1988) ya que ahora las viviendas que ocupan zonas de dominio público marítimo terrestre, construidas antes de dicho año, pueden seguir siendo objeto de explotación y negocio. Almería es una de las provincias donde la aplicación de esta nueva norma afecta a viviendas, hoteles y diversas construcciones que se hicieron en la línea de costa y que con la normativa aprobada bajo el mandato de Cristina Narbona quedaban supeditadas a concesiones administrativas sin derechos de transmisión. Desde Adra a Pulpí, el litoral almeriense está plagado de esas construcciones que ahora tienen una vía de escape que los grupos ecologistas quieren bloquear a toda costa.
| Según los opositores a la Ley de Navegación, desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988 hasta el día de hoy, se ha efectuado el deslinde del 83% de la costa, aunque realmente comenzó a efectuarse de manera efectiva dicho deslinde con la ex ministra Cristina Narbona en 2004, proceso que poco a poco se ha ido viendo mermado, haciéndose incluso pública la paralización por parte de Costas de realizar deslindes en determinadas zonas como es el caso de la playa de la Albufereta en Alicante donde ya el pasado mes de diciembre se comunicó a los afectados la suspensión del deslinde. Ahora con más descaro este gobierno pone de manifiesto su falta de interés por el medio ambiente y por el dominio público. Y es que a pesar de las limitaciones de la Ley de Costas el grado de artificialización de la costa española sigue aumentando según. El primer kilómetro de costa está artificializado en más de un 34%. El segundo kilómetro de la costa mediterránea alcanza un 26,47%. Los 100 primeros metros de la costa mediterránea alcanzaba en el año 2000 el 36,52% de superficie artificial. Los 200 primeros metros alcanzaba el 41,00%. Con estos datos toda medida para evitar que se construyan más viviendas en el litoral y eliminar aquellas que ocupan el dominio público es poca. |
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Ecologistas quieren mantener las limitaciones en la línea de costa |
La situación de crisis que vive nuestro gobierno en la actualidad se está aferrando a un clavo ardiendo para paliar problemas ahora sin pensar en que esos problemas producen un "efecto rebote" que se traducen en muchos millones de euros, y numerosos daños al medio ambiente. Está comprobado que la ocupación del dominio público hace necesario un mantenimiento continuo de todo el litoral, que va desde las millonarias regeneraciones que se efectúan en la mayoría de los casos con carácter anual, hasta otras medidas ingenieriles como la colocación de espigones u otras obras para frenar la erosión costera. Todos estos millones se podrían ahorrar y destinar a otros fines si se cumpliera la Ley de Costas, ya que el destrozo de dunas y demás reservorios naturales hace que sea necesario un aporte artificial de algo que antes era nutrido de manera natural. Los fuertes temporales que se vienen sintiendo durante este invierno han puesto de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de la gestión costera en nuestro país, y por si no fuera suficiente, ahora, además, a espaldas del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, se introduce una enmienda a la Ley de Navegación marítima por parte del Ministerio de Fomento y el Ministerio de Justicia que permite la compra venta de viviendas construidas en dominio público.
Son muchos los afectados que apoyan y aplauden esta nueva enmienda, probablemente no sean conscientes de el coste ambiental y económico que supone la "legalidad" de sus viviendas. Viviendas situadas en domino público para disfrute privado, con inversión pública para mantener la playa. Y es que los problemas que trae consigo una regeneración son innumerables, además de afectar a numerosos ecosistemas, cada vez más vulnerables ante efectos antrópicos como el cambio climático, con este contexto de incremento del nivel del mar hay que empezar a retranquear las construcciones costeras, eliminando aquellas más cercanas al nivel del mar, para adaptarse a un nuevo escenario que en unas décadas será bastante patente.
Es por ello que desde Ecologistas en Acción se exige que se aplique la Ley de Costas, eliminando las construcciones costeras y se evite la ocupación del litoral. Ya que esta nueva medida que no va a lograr sino generar una serie de problemas ecológicos en cadena y va a hacer necesaria una fuerte inversión pública en todo el litoral, dinero, que precisamente, en los tiempos que corren, no sobra.