Por una Ley de Movilidad Sostenible
El martes 28 de octubre se va a debatir en el pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley de movilidad sostenible que presentaron Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, CC OO, Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace y Los Verdes.
La iniciativa
parlamentaria
elaborada por
dichas
organizaciones,
y que defenderá
el diputado Joan
Herrera, busca
crear un marco
normativo que
impulse el
transporte
colectivo y el
no motorizado y
que defina las
directrices de
movilidad
sostenible que
constituyan el
marco orientador
de las
administraciones
locales y
autonómicas en
sus políticas de
transporte.
También
establece la
proposición de
ley los
instrumentos de
planificación en
los ámbitos de
las áreas
metropolitanas,
municipales y de
las empresas y
polígonos
industriales y
grandes centros
de actividad, de
manera que se
fijen las
medidas más
adecuadas para
fomentar el
transporte
público y
colectivo y los
medios de
transporte de
bajo impacto.
Planes que se
han de definir y
desarrollar con
la necesaria
participación de
los interesados
para que
prevalezcan los
intereses de la
mayoría.
El transporte,
que sigue basado
en la
preponderancia
de la carretera
y del automóvil,
crece más que el
conjunto de la
economía y sus
efectos
negativos –sus
externalidades–
son cada día mas
notorios:
emisiones de
gases que
provocan el
cambio
climático,
pérdidas
económicas por
la congestión
del tráfico,
daños en la
salud de los
habitantes de
las ciudades,
fragmentación
del territorio y
pérdida de
biodiversidad, o
la elevada
siniestralidad
que afecta sobre
todo a los
desplazamientos
de los
trabajadores a
sus empresas.
Los presupuestos
del Ministerio
de Fomento
siguen
destinándose
mayoritariamente
a nuevas
autovías y a
líneas de alta
velocidad. La
proposición de
ley presentada
propone que en 8
años los
presupuestos de
este ministerio
destine un
porcentaje no
superior al 50%
a
infraestructuras
y el resto a
gestión de la
movilidad.
La ley de
movilidad
sostenible que
se propone,
pues, pretende
poner fin al
tremendo desfase
que existe en la
mayor parte de
las
Administraciones
públicas entre
los grandes
presupuestos que
se dedican a la
creación de
nuevas
infraestructuras
de transporte y
la escasa
planificación
desde un punto
de vista de la
movilidad
sostenible. Para
las
organizaciones
impulsoras de
esta propuesta,
en las políticas
de movilidad
sobra cemento y
falta
conocimiento.
La ley de
movilidad era un
compromiso del
Gobierno desde
la anterior
legislatura y ha
sido anunciada
recurrentemente
pero, a pesar de
que las
emisiones del
transporte han
aumentado un 97%
en 2007 respecto
de 1990, hasta
la fecha no se
ha presentado
por parte del
Gobierno ningún
borrador a
discusión en el
ámbito social o
en el
parlamentario.
Las
organizaciones
que han
presentado esta
proposición de
ley esperan que
el Congreso la
acepte y se
debata su
contenido en el
pleno.