Para las organizaciones ecologistas este cambio de 180º sólo se explica si desde el Ministerio se ha optado definitivamente por que la gestión del agua en España deje de guiarse por criterios de sostenibilidad y respeto medioambiental y que sean los intereses políticos y económicos los que manden.

Las organizaciones ecologistas consideramos que los trasvases no son la forma de hacer una política de aguas razonable y sostenible y recordamos que en el programa electoral con el que el PSOE acudió a las elecciones generales celebradas este año se rechazaban este tipo de infraestructuras.

Las organizaciones ecologistas constatamos que el trasvase desde Valdecañas no resiste el más elemental análisis de viabilidad hidrológica, ambiental ni económica, por lo que simplemente someterlo a estudio es malgastar el tiempo y el dinero que se emplee. De hecho, en el documento de análisis ambiental del Plan Hidrológico Nacional aprobado en tiempos del Gobierno del PP, ya se señalaban los graves inconvenientes y los impactos críticos que supondría realizar un trasvase similar, en este caso con toma desde el embalse toledano de Azután, situado en el río Tajo a apenas 20 kilómetros aguas arriba de Valdecañas.

Desde el punto de vista hidrológico hay que recordar que Valdecañas tiene una capacidad de embalse de 1.446 hectómetros cúbicos pero su nivel medio de llenado en el último decenio es de 722 hectómetros y que en la actualidad no llega a alcanzar los 500. Es decir, que estamos hablando de una propuesta que significaría trasvasar la mayor parte del agua disponible en el embalse, con los consiguientes daños ambientales y sociales que se producirían aguas  abajo tanto en Extremadura como en el vecino Portugal. Por otra parte, las aguas de Valdecañas están notablemente eutrofizadas y no son aptas para el abastecimiento a poblaciones, por lo que contaminaría el suministro de agua potable que desde el trasvase Tajo-Segura se da a más de dos millones de personas.

Desde el punto de vista de impacto ambiental, el trazado del trasvase previsto produciría afecciones muy importantes y críticas sobre áreas de gran valor natural. Atravesando, entre otros, espacios naturales protegidos tales como el LIC y ZEPA de los Berrocales del Tajo, el LIC y ZEPA de los Montes de Toledo, el Parque Nacional de Cabañeros y la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

Por último, desde el punto de vista económico, se trata de una actuación enormemente costosa, tanto en su construcción como en su explotación. La construcción alcanzaría varios miles de millones de euros y el metro cúbico trasportado tendría un coste igual o superior al que alcanza actualmente el agua de mar desalada. Sumando ambos factores, es seguro que el precio del agua será mucho más alto al que están dispuestos a pagar los regantes del Levante.

En definitiva, se trata de un proyecto de gran impacto ambiental y social y de un enorme coste económico por lo que las principales ONG ecologistas españolas lo rechazamos por completo y solicitamos al Presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, que retire el proyecto y que se abandone esta política hidráulica más propia del desarrollismo de los años 60 y 70 que del siglo en el que estamos, volviendo a la política de aguas que se llevó a cabo durante la primera legislatura.