La Fiscalía acusa a la Junta y a los ayuntamientos de “poca beligerancia” con el urbanismo

FUENTE: LAOPINIONDEMALAGA.ES. JOSÉ ANTONIO SAU. 28-05-08

Dice que las denuncias de la Consejería de Obras Públicas han descendido de 89 a 23, y ataca a la de Cultura por haber presentado sólo tres durante 2007.

Hasta el apuntador. Todas las instituciones implicadas en la persecución de los delitos cuya investigación depende de la Fiscalía de Medio Ambiente -urbanísticos, contra el medio, contra la flora y la fauna y contra el patrimonio cultural- han recibido su correspondiente rapapolvo en la memoria que el ministerio fiscal ha elaborado sobre su actividad en el año 2007.

Los dos delegados del área solicitan otro fiscal más y un aumento de los funcionarios, pero lo que más destaca es el tirón de orejas que da a unos y otros en relación con los delitos contra la ordenación del territorio: "Parece que no existe continuidad en las administraciones tanto locales como autonómica, a la hora de enfrentarse con el problema, lo que nos lleva de nuevo, al igual que el año anterior, a pensar en una actitud más bien complaciente y poco beligerante con las infracciones que en este tipo de delitos se cometen en la provincia".

Actitud que se percibe sobre todo en relación a los municipios, que "amparándose en la falta de medios ofrecen una actitud poco colaboradora con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, tanto con el Seprona como con la Unidad adscrita a la comunidad autónoma de la Policía Nacional", añaden.

Así, destacan el esfuerzo de la Gerencia de Urbanismo de la capital, que ha pasado de 25 denuncias a 52; por otro lado, en el resto de Ayuntamientos "se ha descendido significativamente -desde 62 a sólo 11", al tiempo que añaden: "Es destacable la escasa labor inspectora del Ayuntamiento de Vélez Málaga, que el año pasado formuló 48 denuncias, mientras que en el presente año su actividad ha bajado tanto que se diluye en el resto de Ayuntamientos".

"Otro tanto ha ocurrido con la Consejería de Obras Públicas, delegación de Málaga, que de 89 denuncias ha pasado a formular sólo 23", explican los acusadores públicos.

"Especial mención merece la Consejería de Medio Ambiente, que teniendo a su disposición un cuerpo como el de agentes del medio, con más de 100 miembros en Málaga, y siendo ésta una provincia en la que existen tanta actuaciones que pudieran ser delictivas en todo su territorio, fundamentalmente contra la ordenación del territorio y medio ambiente, resulta extraño que no lleguen más denuncias a esta sección (en 2006, 19; y sólo 21 en 2007), por lo que resultaría deseable una mayor adscripción de medios personales y materiales", dicen.
En relación con la Consejería de Cultura (una denuncia en 2006; tres este año). "El aumento es meramente testimonial, pues resulta difícil de creer que en esta provincia haya tan pocos atentados contra el patrimonio que, siquiera indiciariamente, no presenten caracteres delictivos", apuntan. Sí destacan, sin embargo, la labor del Seprona de la Guardia Civil y de la unidad de Policía Nacional adscrita a la autonomía.

Alcaldes. Incluso, resaltan "la gran cantidad de denuncias interpuestas, desde la tramitación de las diligencias de investigación -denuncias ante la propia fiscalía-, contra diversos alcaldes de municipios de la provincia, tanto del interior como de la costa, lo que da que pensar que el problema del desarrollo urbanístico contrario a la legalidad no es exclusivo de determinadas características, sino de todos en general".
En total, durante 2007 se incoaron 425 diligencias de investigación (52 del Ayuntamiento de Málaga; 11 del resto de municipios; cuatro de ecologistas; 34 denuncias del Seprona; anónimos o políticos 206; consejerías 116; Medio Ambiente 21; Obras Públicas 23; Cultura 3 y Gobernación 47).

Por delitos contra la ordenación del territorio se han abierto 238 diligencias de investigación. La Fiscalía califica estos ilícitos como "gran problema" y distingue dos supuestos: "En el litoral, la mayoría de los delitos cometidos consisten en prevaricaciones urbanísticas; por otra, comienzan a aparecer sin embargo denuncias contra los municipios del interior, también por prevaricación".

En este segundo tipo, la mayoría de los supuestos son de particulares que proceden a realizar una construcción en suelo no urbanizable, delitos contra los que los ayuntamientos no actúan con "verdadera diligencia" sus facultades inspectores. Por otro lado, son cada vez más frecuentes las denuncias contra numerosos municipios, bien contra el alcalde o la Corporación al completo, "no ya por la actitud complaciente con las obras ilegales realizadas, sino en ocasiones por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de los técnicos de los municipios y, a veces, por acuerdo entre los responsables políticos y los técnicos".

"Sería mucho más breve la lista de los municipios que no han sido denunciados", dicen. Hablan también del pacto con los ex ediles de Gil, que permitirá que no se celebren un total de 60 juicios, al tiempo que insisten en que los juzgados de Instrucción han incoado un total de 396 diligencias previas por este tipo de ilícitos (189 contra la ordenación del territorio; 27 contra el patrimonio histórico y 151 delitos de incendio.