Y en Almería no queda sólo la cosa. La corrupción urbanística es España, dice el informe a nivel nacional, se «sofistica» y las tramas tienen un carácter progresivamente «más organizado». El texto abunda sobre todo en las situaciones detectadas en las provincias del litoral meridional, en particular en provincias como Cádiz, Málaga, Almería , Murcia y otras. Las fiscalías regionales más afectadas hablan de «avalancha» de casos urbanísticos que puede acabar, dicen, por monopolizar los recursos y efectivos de que disponen para investigar estos casos, muy complejos, en detrimento de otras cuestiones medioambientales. Casos que no se limitan a construcciones particulares, sino a grandes complejos urbanísticos que prosperan, pese a vulnerar preceptos legales y de protección ambiental, debido a la inoperancia de las administraciones implicadas. También en materia de vivienda, el fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, aboga en la memoria por modificar el Código Penal para perseguir a los ayuntamientos y sus alcaldes que vulneren la Ley del Suelo y destinen menos del 30% del suelo edificable para viviendas de protección oficial (VPO); también a aquellos que incurran en malversación de este bien público con abusos en recalificaciones y cambios injustificados de uso del suelo municipal.

Según la memoria, en 2007 se tramitaron en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente 1.220 diligencias de investigación penal en materia medioambiental y 1.781 en ordenación del territorio. El saldo revela una disminución de asuntos en el primer capítulo respecto de 2006, primer año de funcionamiento de la Fiscalía, que se achaca al fin del 'efecto novedad'. En cambio los temas relacionados con el urbanismo siguieron creciendo, de 1.634 casos en 2006 a 1.781 en 2007 a falta de los datos provinciales de Guadalajara.

En su informe, la Fiscalía critica la «lentitud en el desarrollo» del organismo, y la falta sistemática de medios. Una y otra comprometen «la practicidad y eficacia» que se espera de ellas. También da cuenta de la intensa actividad del SEPRONA de la Guardia Civil en el control de vertederos ilegales y potencialmente peligrosos para las masas forestales y parajes de gran valor natural. Se han llegado a censar 2.269 vertederos, de los que 382 fueron eliminados, 41 están a punto de desaparecer y en otros 274 «se ha aminorado el riesgo».

A SABER

Falta de medios: Las fiscalías provinciales lamentan en este documento que no cuentan con los medios suficientes para realizar su trabajo.

Costa: Las mayores ilegalidades se siguen observando en la costa, en puntos como Almería, Cádiz Málaga o Valencia. No obstante, la red ha llegado al interior con una fuerza relativa.