SOC inicia en Almería una campaña de
firmas contra la directiva europea de la 'vergüenza', que se extenderá a
Huelva
El sindicato SOC-MRA inició hoy en Almería una
campaña de recogida de firmas en contra del proyecto de directiva
europea para la expulsión de inmigrantes ilegales --denominada de la
'vergüenza'-- que, a su juicio, endurece 'aún más' la situación de
trabajadores en los 27 países de la UE, 'a la que la sociedad ya no
puede seguir dando la espalda'.
En declaraciones a los periodistas durante un acto de
protesta frente a la Subdelegación del Gobierno central, el portavoz de
la organización, Fernando Pacheco, subrayó la necesidad de que la
ciudadanía 'tome conciencia' de 'la vergüenza' que supone la propuesta a
debate para armonizar la legislación de inmigración europea y de la que
deriva --ahondó-- 'una servidumbre agravada ya por la contratación en
origen'.
La campaña, que se extenderá a las ocho provincias
andaluzas aunque con mayor difusión y presencia en Almería y Huelva,
incluye concentraciones cada dos semanas a las puertas de las sedes del
Gobierno central en cada una de las capitales, en las que se exigirá,
asimismo, una norma que permita revocar la orden de expulsión dictada
contra extranjeros con más de tres años de arraigo en el país.
Según reveló Pacheco, sólo en el término municipal de
Níjar (Almería) hay constancia de medio millar de ciudadanos
subsaharianos procedentes de los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIEs) de Canarias que están 'imposibilitados' para regularizar su
situación 'debido a que sobre ellos pesa un procedimiento pese a que
desempeñan un trabajo y desarrollan una vida normal'.
Al hilo de esto, lamentó la 'doble servidumbre' que
genera esta 'contradicción de la Administración' ya que el inmigrantes
'está a expensas de la voluntad del empresario o de que la Policía
Nacional haga efectiva esa orden sin posibilidad de defensa al no
reconocerse sus derechos'.
Pacheco señaló también que la 'única manera de
estabilizar a la población extranjera trabajadores' pasa por crear no
sólo en el campo, sino también en la construcción o la hostelería
'condiciones sociales dignas' que, a su juicio, no garantiza la
contratación en origen adoptada por el Ejecutivo central.
Al contrario, según subraya, 'sólo trae más
explotación y debilidad frente a la patronal' por lo que urgió a
eliminar del modelo 'los despidos durante los periodos de prueba' y a
incorporar medidas que fijen jornales suficientes y estables como
'contratos fijos discontinuos y permisos anuales de residencia
renovables para que puedan traer a sus familias'.